En 2025, el ámbito médico ha conocido una nueva política de gran calado: las guías para la creación de partidas de precios de servicios médicos de pruebas de laboratorio y patología ya están elaboradas y han entrado en la fase de consulta de opiniones, con su publicación oficial prevista para este mismo año. Esto significa que las tarifas de las pruebas de laboratorio del país dirán adiós definitivamente a la época dispersa de «precios fijados por cada provincia y diferencias abismales» y entrarán en una nueva etapa de normas unificadas a escala nacional. Tanto los pacientes que se atienden fuera de su región como los hospitales que ajustan su estrategia de funcionamiento como las empresas que trabajan a fondo en el ámbito del diagnóstico in vitro (IVD) se enfrentan a una transformación profunda ligada a los costes, la eficiencia y la calidad del servicio.
Contexto de la política: ¿por qué es imprescindible deshacer el nudo de los «precios fijados por cada provincia»?
Durante mucho tiempo, los precios de los servicios médicos de laboratorio se han gestionado en China con un modelo de «el Estado fija el tope máximo y las provincias establecen los detalles»; aparentemente flexible, pero sembrado de riesgos ocultos. Según los datos de la investigación de la Administración Nacional de Seguridad Médica (NHSA), la diferencia de tarifas de un mismo examen (como la determinación de TSH, hormona estimulante del tiroides) entre las ciudades costeras del este y los condados del centro y del oeste del país puede llegar al 50 %, y detrás se esconden tres contradicciones difíciles de conciliar:
El desequilibrio en la asignación de recursos amplía la brecha de costes: los hospitales de grado III-A de las regiones económicamente desarrolladas, gracias a su ventaja en las compras centralizadas, pueden adquirir equipos y reactivos de análisis a precios bajos y reducir entre un 20 % y un 30 % el coste unitario de cada partida; en cambio, en los hospitales de las regiones menos desarrolladas, con menor volumen de compra y menos poder de negociación, los equipos y los reactivos resultan más caros, lo que dispara directamente las tarifas de los análisis.
La diferencia de costes de personal ensancha la brecha de fijación de precios: el salario mensual de los técnicos de laboratorio de las ciudades de primera línea suele superar los 10 000 yuanes, y el coste de personal representa más del 40 % del coste total del servicio de análisis; en las ciudades de tercera y cuarta línea, aunque el coste laboral es menor, los costes ocultos como el mantenimiento de los equipos o el transporte de los consumibles son más elevados, y al final todo acaba reflejándose en las tarifas.
La «fijación caótica de precios» perjudica a médicos y pacientes: en algunas regiones se dan casos de «mismo nombre, distinto contenido» (por ejemplo, el «hemograma completo» incluye parámetros distintos según el hospital) y de «mismo examen, distinto precio» (por ejemplo, cuando el método enzimático y el método de inmunoensayo cobran por la detección de la misma sustancia sin un criterio unificado). Al atenderse en distintos hospitales, los pacientes suelen pagar de más por la falta de transparencia de los precios, y el fondo del seguro médico se enfrenta también a problemas de cálculo y de supervisión.
Que estas guías de pruebas de laboratorio y patología avancen no es casualidad. Desde 2021, la Administración Nacional de Seguridad Médica ha ido publicando 33 tandas de guías para la creación de partidas de precios de servicios médicos, con un total de 1 640 partidas, que cubren ámbitos clave como el trasplante de órganos, el diagnóstico y el tratamiento con medicina tradicional china o la implantología dental; la llegada de esta política para el ámbito de las pruebas es, precisamente, un paso decisivo para hacer realidad el «Plan Piloto para Profundizar la Reforma de los Precios de los Servicios Médicos» y la «última pieza del puzle» para construir el sistema nacional unificado de precios de los servicios médicos.
Las «Especificaciones Técnicas de los Proyectos de Servicios Médicos Nacionales (edición de 2023)», publicadas en 2023, ya establecen que los elementos de cada partida se componen de 17 apartados: código de la partida, nombre de la partida (en chino), nombre de la partida (en inglés), contenido de la partida, consumibles obligatorios, consumibles opcionales, niveles de los consumibles de bajo valor, consumo básico de personal y tiempo requerido, dificultad técnica, grado de riesgo, valor relativo del consumo de recursos humanos, unidad de medida, notas, coeficiente de ajuste del consumo de recursos en circunstancias especiales, clasificación del recibo de cobro, clasificación contable y clasificación de gastos en la portada de la historia clínica.
De ellas, 1 754 proyectos de pruebas y diagnóstico de laboratorio y 64 proyectos de diagnóstico patológico quedan regulados atendiendo a elementos como los consumibles médicos desechables utilizados, el consumo de personal y el tiempo requerido, la dificultad técnica, el grado de riesgo, el valor relativo del consumo de recursos humanos, la unidad de medida y el criterio de agrupación financiera.
En las especificaciones técnicas, los consumibles de bajo valor se escalonan en niveles del 1 al 8, y el consumo básico de personal y el tiempo se clasifican desde dos vertientes: la mano de obra y la máquina. La dificultad técnica se valora del 1 al 100; el grado de riesgo, del 1 al 100; la dificultad del riesgo, del 1 al 100; y el valor relativo del consumo de recursos humanos, del 1 al 94.2. Todos los proyectos pueden clasificarse con arreglo a estas dimensiones, y son precisamente ellas las que componen la base de la fijación de precios de los servicios médicos de laboratorio.
Integrar las partidas no consiste en «fusionar lo semejante» a secas, sino en partir del «resultado del servicio», desprenderse de detalles como los pasos de operación o los modelos de los equipos y clasificar por «ámbito profesional + técnica de análisis». Por ejemplo, Anhui integró antes 173 proyectos de examen de radiología en 26; lo más probable es que los proyectos de laboratorio sigan esta misma lógica: agrupar el «hemograma completo» y la «función de coagulación» en el «grupo de pruebas de hematología clínica», y la «función hepática» y la «función renal» en el «grupo de pruebas de bioquímica clínica», para después afinarlos según escenarios de análisis como la «plataforma de bioquímica» o la «plataforma de inmunoensayo». Con esta medida se acabará de raíz con el caos de «un mismo proyecto con varios códigos y varios precios»; en el futuro, cuando un paciente se someta al «panel tiroideo de 5 parámetros» en cualquier hospital del país, tanto el contenido de la partida como la tarifa serán idénticos.
La «separación de la tarifa técnica y el coste de los consumibles» supone que la tarifa del análisis cubre solo el trabajo técnico y que los consumibles (como los tubos de muestreo o las tarjetas de reactivos) se cobran por separado. Henan, Jiangxi y otras regiones ya lo habían ensayado antes, pero los problemas afloraron pronto: por un lado, un paciente al que se le practica un hemograma completo podía tener que pagar «tarifa del análisis + tubo de muestreo + reactivos», de modo que su carga real aumentaba; por otro, el hospital debía gestionar un cobro adicional por los consumibles, con el consiguiente incremento de los costes administrativos y el riesgo de que florecieran prácticas irregulares como el «recargo sobre los consumibles». En 2024, Hohhot se convirtió en la primera ciudad en suprimir la separación en los análisis de función renal y de enzimas cardíacas y en recuperar el modelo de «precio total del proyecto». Teniendo en cuenta que, en los servicios de laboratorio, «técnica y consumibles van íntimamente unidos», es muy probable que esta línea se mantenga en todo el país: el coste de los consumibles conformes se incorporará directamente al precio total del proyecto, para que el paciente no acabe con cargos «troceados».
En el pasado, el «precio distinto según el método» era la norma del sector: por ejemplo, en la «determinación de homocisteína», el método de ciclo enzimático se cobraba a 50 RMB y el método de inmunoensayo, a 80 RMB; algunos hospitales, para aumentar sus márgenes, facturaban el «análisis por ciclo enzimático» como si fuera un «inmunoensayo», apropiándose así de fondos del seguro médico. La nueva política es tajante: los proyectos habituales de bioquímica clínica y de pruebas de inmunología clínica se tarificarán de forma unificada «con independencia del método»; solo proyectos con grandes diferencias de complejidad técnica entre métodos, como los de biología molecular clínica (por ejemplo, las pruebas genéticas) o la citogenética, podrían mantener la distinción metodológica. Este ajuste no solo pondrá freno a la práctica irregular de «facturar cambiando el método», sino que empujará a los hospitales a elegir métodos de análisis más eficientes y económicos, reduciendo así el coste sanitario global.
La unificación nacional de las tarifas de laboratorio funcionará con un modelo de «referencia fijada por la provincia y fluctuación dentro de la zona de coordinación (se prevé que no supere el 15 %)», un ajuste que genera beneficios a la vez para pacientes, hospitales y sector del diagnóstico in vitro (IVD) y que acelera el giro del sector hacia una nueva fase de «competencia por la calidad». Para los pacientes, la transparencia de los precios evita que se les cobre de más cuando se atienden fuera de su ciudad, y la codificación unificada de los proyectos impulsará el reconocimiento mutuo de los resultados de los análisis, reducirá las pruebas repetidas y supondrá un auténtico ahorro de tiempo y de dinero; los hospitales, con estándares unificados de consumibles y de personal, podrán optimizar sus procesos (por ejemplo, reducir costes mediante la gestión centralizada de los reactivos y una programación razonable del personal) y, al contar con una referencia de precios clara, dejarán atrás la «ansiedad por los precios» para concentrarse en mejorar la calidad de sus análisis; y el sector del diagnóstico in vitro (IVD) se despedirá para siempre de la «renta de los diferenciales regionales»: la competitividad de los productos se centrará en la «ventaja técnica» (como la rapidez de las pruebas o su alta precisión) y en la «relación calidad-precio» (como el menor desperdicio de consumibles), de modo que la lógica competitiva del sector pasará de la «guerra de precios» a la «guerra de tecnología».
Sobre la base de ese beneficio para las tres partes, el valor de la unificación nacional de precios se extenderá también hacia la «calidad y la comodidad», y merece la pena esperar con interés las medidas complementarias y su valor a largo plazo. Por un lado, la Administración Nacional de Seguridad Médica podría crear un «mecanismo de ajuste dinámico de precios» que actualice puntualmente la referencia según las fluctuaciones del coste de los consumibles y la mejora de las técnicas de análisis (por ejemplo, la generalización de las pruebas en el punto de atención, POCT), para que la fijación de precios no se anquilose; los hospitales, a su vez, deberán reforzar el control de calidad, por ejemplo mediante la acreditación de laboratorios según la norma ISO 15189, para garantizar que «baja el precio sin que baje la calidad». Por otro lado, a largo plazo, los pacientes conseguirán de forma gradual que «un análisis sirva en todo el país»: incluso los datos de pruebas básicas realizadas en casa (como la glucosa en sangre o el perfil lipídico) podrían conectarse en el futuro directamente con los sistemas hospitalarios, reduciendo aún más los desplazamientos para recibir atención; las empresas de diagnóstico in vitro (IVD), por su parte, tendrán que concentrarse en la I+D de su núcleo tecnológico (por ejemplo, reactivos más precisos para la detección precoz del cáncer o plataformas de diagnóstico más rápidas para las enfermedades infecciosas) para poder mantenerse bajo un sistema de precios unificado.
En conjunto, la unificación nacional de los precios de las pruebas de laboratorio no es un simple ajuste de tarifas, sino un hito importante en la normalización de los servicios médicos del país: pondrá fin de forma efectiva al caos del «mismo examen, distinto precio» y, mientras equilibra los recursos médicos y da tranquilidad a los pacientes, tenderá también una vía de desarrollo más sana para el sector del diagnóstico in vitro (IVD).
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